El Acuerdo de Escazú, ratificado en Colombia a través de la Ley 2273 de 2022 por la Corte Constitucional, es de importancia para la protección de los derechos relacionados con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales y sociales. El tratado internacional representa una oportunidad estratégica para alinear las políticas nacionales con los ODS.
Es fundamental participar en su reglamentación e involucrarse activamente en los procesos de diálogo, frente a lo cual resulta necesario tener en cuenta aspectos relevantes como el acceso a la información. Será importante clasificar y gestionar la información, diferenciando entre aquella que debe ser divulgada públicamente y la que puede mantenerse en reserva. Por otro lado, se deben elaborar documentos detallados que expliquen las características e impactos de los proyectos, obras o actividades para asegurar una comprensión clara y accesible, así como, desarrollar protocolos eficaces para la respuesta a solicitudes de información.
Para fortalecer la participación pública, es necesario implementar mecanismos de comunicación que aseguren que todas las partes involucradas estén debidamente informadas y puedan participar. Además, es necesario identificar y mapear los grupos de interés y las comunidades que deben ser incluidos en los procesos participativos, así como determinar los momentos adecuados de participación pública durante el ciclo de vida de los proyectos.
En cuanto al acceso a la justicia ambiental, sería conveniente realizar un seguimiento continuo del cumplimiento legal y de las decisiones judiciales y administrativas relacionadas, elaborar documentos legales para enfrentar posibles litigios o procedimientos administrativos, desarrollar estrategias legales que protejan los derechos asociados a proyectos, obras o actividades, lo anterior con el propósito anticiparse a posibles escenarios.
La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú exige un asesoramiento integral que minimice los riesgos legales asociados a la gestión ambiental y social, evitando retrasos, sanciones, y protegiendo la reputación corporativa, al tiempo que refuerza la responsabilidad ambiental de la empresa.
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